El Ejecutivo confirma que la mejora a la Renta Dignidad será realidad, pero todavía se niega a revelar el monto, mientras jubilados mantienen firme la presión para que no haya retrocesos.

El Gobierno se pronunció nuevamente ante la creciente inquietud de los adultos mayores y garantizó que la Renta Dignidad tendrá el incremento comprometido en campaña. Sin embargo, la falta de precisión sobre la cifra y la fecha de anuncio mantiene el clima de incertidumbre entre los jubilados, que demandan decisiones inmediatas para frenar cualquier intento de dilación. La tensión se instala en un contexto económico complejo, donde cada boliviano que reciben los beneficiarios resulta crucial para sostener sus gastos mensuales básicos.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró este martes que el aumento es un compromiso sólido del Gobierno y que será implementado tal como fue anunciado antes de las elecciones. “Es una propuesta de campaña, está dentro de los planes y lo vamos a cumplir”, insistió, remarcando que existe una estructura financiera diseñada para sostener el incremento durante todo el periodo de gestión. Sus palabras buscan contrarrestar el malestar creciente, aunque todavía no traducen certezas concretas para quienes esperan el ajuste con urgencia.

La propuesta original fue impulsada por Edman Lara, hoy vicepresidente electo, durante la candidatura del Partido Demócrata Cristiano (PDC). La promesa consistía en elevar progresivamente la Renta Dignidad hasta alcanzar los 2.000 bolivianos al final del mandato, con un primer salto a 500 bolivianos desde enero. Lara defendió esta propuesta como un acto de justicia social para un sector que, pese a su aporte al país, ha sido durante años uno de los más castigados económicamente. “Nosotros no mentimos”, afirmó en Colquiri durante la campaña, asegurando que la medida estaba respaldada y sería respetada en su totalidad.

El tema regresó con fuerza durante la presentación de las primeras medidas para estabilizar la economía y recomponer la institucionalidad del Estado. En ese marco, Espinoza informó que se ha solicitado al Congreso la devolución de la Ley del Presupuesto con el fin de realizar ajustes que permitan viabilizar nuevas políticas, entre ellas la mejora de la Renta Dignidad. Esa gestión, según la autoridad, demuestra que no se está improvisando, sino estructurando una decisión que tiene efectos directos en millones de adultos mayores.

Aun así, los dirigentes de los jubilados advierten que la paciencia tiene límites. La Confederación de Jubilados de Bolivia expresó este lunes su exigencia de que el Gobierno ratifique públicamente que el incremento se aplicará desde enero, como fue prometido, y que no habrá variaciones. “Paulatinamente va a subir y, a partir de enero, tendría que ser de 500 bolivianos”, recordó su máximo representante, Rodolfo Ayala, quien recalcó que el sector seguirá vigilante y no descansará hasta que el compromiso se convierta en norma y ejecución concreta.

La ausencia de una cifra oficial ya genera preocupación. Los adultos mayores temen que el aumento pueda ser reducido o desdoblado bajo argumentos de austeridad o limitaciones presupuestarias. Para ellos, el silencio parcial del Gobierno abre espacios a interpretaciones que afectan directamente sus expectativas de ingreso. Además, la coyuntura económica golpea con fuerza, encareciendo alimentos, medicamentos y servicios, lo que vuelve imprescindible un alivio rápido y tangible.

Espinoza afirmó que la definición final del monto será anunciada cuando concluyan los ajustes presupuestarios y el Congreso otorgue el aval correspondiente. Sostiene que la administración busca evitar errores y garantizar que el incremento tenga respaldo legal y financiero antes de ejecutar cualquier pago. Sin embargo, esa explicación no convence a todos. Los jubilados insisten en que la estabilidad económica no puede recaer sobre quienes ya viven con ingresos mínimos y sin margen para nuevas esperas.