El TCP cambia de rumbo con Paola Prudencio al mando, mientras se ejecutan órdenes de aprehensión contra exmagistrados que se negaban a abandonar sus cargos sin mandato.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vivió uno de los días más tensos y determinantes de los últimos años. La designación de una nueva presidenta y el inicio de procesos penales en contra de los exmagistrados que prolongaron su estadía en el poder sin respaldo constitucional marcaron un quiebre que Bolivia reclamaba desde hace meses. La legitimidad volvió a instalarse en la cúspide de la justicia constitucional al mismo tiempo que se cortó de raíz el intento de perpetuación de autoridades sin mandato vigente.

La magistrada Paola Verónica Prudencio fue elegida por decisión unánime como presidenta del TCP, en una Sala Plena compuesta únicamente por los magistrados electos que cuentan con mandato legal: Ángel Edson Dávalos, Amalia Laura Villca y Boris Wilson Arias, además de la propia Prudencio. La sesión, realizada antes de su posesión, concluyó con una batería de resoluciones destinadas a reconstruir la institucionalidad desde adentro, con la mirada puesta en la transparencia y en recuperar la confianza del país.

Entre las medidas adoptadas se dispuso que los sorteos de expedientes se transmitan públicamente, que se unifiquen criterios jurisprudenciales para reducir contradicciones y que se acumulen causas para bajar la enorme carga procesal del Tribunal. Se ejecutará también una reestructuración administrativa y jurisdiccional mediante convocatorias públicas sujetas a auditorías, y se revisará el presupuesto para recortar excesos y aplicar austeridad. La eliminación del cerco de seguridad alrededor del edificio del TCP simboliza un primer gesto de apertura hacia la ciudadanía.

Mientras Prudencio marcaba el nuevo camino institucional, en paralelo se activó la fuerza coercitiva del Estado contra quienes se aferraron al cargo una vez vencido su mandato. El juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, desde el municipio de La Guardia, emitió órdenes de aprehensión y alertas migratorias contra los exmagistrados prorrogados: Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo. En el caso de Isidora Jiménez Castro, la orden no fue ejecutada por haber renunciado previamente.

La medida se fundamenta en una acción popular presentada por el abogado Oliver Coronado, que los denunció por presuntos delitos de usurpación de funciones y resolución contraria a la Constitución. La Sala Constitucional Primera de Potosí dio curso a la acción, ordenó su destitución inmediata y remitió los antecedentes al Ministerio Público, señalando que la permanencia indebida en el cargo generó daños a la seguridad jurídica del país.

El origen del conflicto se encuentra en diciembre de 2023. Ese mes, debido a que no se realizaron las elecciones judiciales, se emitió la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que habilitaba de manera temporal a los magistrados a continuar en su función hasta que hubiera nuevas autoridades. Sin embargo, tras la concreción del proceso electoral y la renovación del TCP, esa extensión dejó de tener cualquier sustento legal. Pese a ello, cinco magistrados decidieron continuar tomando decisiones y ocupando oficinas, alimentando el desgaste institucional y el rechazo ciudadano.

El TCP finalmente reconoció la gravedad de la situación y emitió un auto constitucional denunciando que diversos actores políticos habían intentado someter al Tribunal a intereses de poder en los últimos años. Esa afirmación se convirtió en un mensaje frontal: la justicia constitucional ya no será un territorio sin consecuencias.