La reconfiguración del Ejecutivo concentra poder en la Presidencia, que absorbe estructuras completas, redefine mandos y asume áreas estratégicas bajo el argumento de austeridad y eficiencia, generando inquietud institucional.

La reciente ampliación del Ministerio de la Presidencia, que pasó de cuatro a siete viceministerios, marca un punto decisivo en la reorganización del aparato estatal impulsada al inicio del gobierno de Rodrigo Paz. La medida transformó a esta cartera en un núcleo decisional con atribuciones reforzadas, luego de absorber estructuras completas de los ministerios suprimidos, entre ellos Justicia y Desarrollo Rural, redefiniendo la arquitectura del Poder Ejecutivo.

En esta nueva configuración, los bloques operativos iniciales quedaron integrados por el Viceministerio de Coordinación de la Gestión Pública, dirigido por Julio Linares; el Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, bajo la conducción de Wilson Santamaría; el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, a cargo de René Flores; y el Viceministerio de Autonomías, encabezado por Andrea Barrientos. A esta estructura se añade el Viceministerio de Tierras, aún sin designación oficial, luego de que la Presidencia asumiera las competencias agrarias trasladadas desde el extinto Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

La expansión continúa con dos nuevas áreas de alto impacto institucional. El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos quedó en manos de Yamil García, mientras que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización permanece momentáneamente sin autoridad designada. Con estos nombramientos y vacancias, la estructura ministerial toma forma mientras se implementa un proceso de reordenamiento que avanza con celeridad.

En medio de estos movimientos, el vocero gubernamental, Lupo, justificó la reforma señalando que responde a criterios estrictos de austeridad, eficiencia y transparencia. Aseguró que el propósito es convertir la Presidencia en un “centro de gobierno” capaz de dotar al mandatario de herramientas de análisis, planificación, alerta temprana y coordinación tanto con la Asamblea Legislativa como con las entidades subnacionales. Según afirmó, este rediseño busca instalar un sistema operativo centralizado que permita agilizar la ejecución pública y fortalecer la capacidad de respuesta estatal.

La eliminación del Ministerio de Justicia se sustenta en un decreto que, de acuerdo con Lupo, pretende “devolverle a la justicia la transparencia, independencia y seguridad jurídica”. A partir de esa disolución, las funciones vinculadas a derechos humanos, transparencia y garantías legales fueron reubicadas en los nuevos despachos dependientes de la Presidencia, configurando un escenario donde la tutela jurídica del Estado queda bajo un mando más compacto y concentrado.

De manera paralela, la integración de Tierras a la Presidencia otorga a esta cartera el control directo sobre la administración agraria, incluyendo la supervisión del INRA. Desde ahora, la formulación de políticas de tierra, la fiscalización de la reforma agraria y la definición de lineamientos sobre territorio quedan centralizadas bajo este nuevo esquema.

El proceso también avanzó sobre el aparato comunicacional estatal, eliminando los viceministerios de Comunicación y de Coordinación y Gestión Gubernamental, además del cierre del periódico Ahora El Pueblo y la suspensión de la Agencia Boliviana de Información. En ese mismo paquete, permanece incierto el futuro de las Radios de Pueblos Originarios, Radio Patria Nueva y Boliviatv.