El Ejecutivo redefine la cadena de mando agraria y ordena que toda acción de saneamiento, catastro y distribución de tierras sea supervisada por Autonomías bajo la órbita del Ministerio de la Presidencia.

El Gobierno consolidó una nueva arquitectura institucional que desplaza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hacia la dependencia del Ministerio de la Presidencia, integrándolo plenamente en el esquema del Viceministerio de Autonomías. La transición, establecida mediante el Decreto Supremo 5488, instala un modelo de supervisión política y administrativa más rígido para todas las decisiones relacionadas con la gestión territorial y agraria.

La directriz oficial instruye que ninguna determinación en materia de saneamiento, catastro o distribución de tierras podrá ejecutarse sin coordinación directa con Autonomías. El instructivo enfatiza que este mecanismo unificado busca impedir decisiones aisladas y reorientar todas las acciones hacia un sistema más disciplinado, alineado con la reorganización estatal impulsada por el presidente Rodrigo Paz. Las direcciones nacionales y departamentales deben ajustar sus procedimientos a esta lógica centralizada de trabajo.

El viernes, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, realizó una intervención en oficinas del INRA y observó resoluciones firmadas bajo criterios que ya no corresponden a la nueva estructura jerárquica. La autoridad identificó documentos tramitados sin la articulación requerida, lo que activó una revisión exhaustiva de las actuaciones recientes. El Gobierno considera estos hallazgos una prueba de la necesidad de reforzar el control interno y consolidar una línea de mando clara.

Según Autonomías, la reorganización no recorta competencias, sino que busca ordenar y transparentar el funcionamiento del aparato estatal. La cartera sostiene que la centralización de la coordinación es indispensable para impedir contradicciones, duplicidad de trámites y decisiones que carezcan de sustento normativo en el actual rediseño. El Gobierno insiste en que el país requiere una institucionalidad disciplinada y alineada con las prioridades de la nueva administración.

El Decreto Supremo 5488 incluye la creación del Viceministerio de Tierras dentro del Ministerio de la Presidencia, que asumirá parte de las atribuciones anteriores del INRA, especialmente en lo que atañe a la seguridad jurídica de la propiedad agraria. Pese a la importancia de esta instancia, aún no se ha designado a la autoridad que la conducirá, lo que mantiene un punto de tensión en la transición administrativa.