El Ejecutivo regional presentó querella penal contra asambleístas tarijeños por aprobar norma que vulnera autonomía y excede competencias, advirtiendo consecuencias legales graves y posibles sanciones penitenciarias.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco interpuso una querella penal contra la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) tras la sanción del controvertido proyecto de ley del 45%. El Ejecutivo considera que la norma es inconstitucional y representa una vulneración directa a la autonomía regional.
Miguel Salazar, secretario de Gestión Institucional, precisó que la acción legal fue ordenada por el ejecutivo regional, José Luis Ábrego, y que él mismo se presentó ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia.
“El Gobierno se ha apersonado ante el Ministerio Público e interpuso una querella criminal contra los asambleístas que aprobaron una norma sin competencia y violatoria de la Constitución”, afirmó Salazar, quien insistió en que los legisladores departamentales deberán asumir plenamente las responsabilidades legales por su actuación.
Salazar enfatizó que la querella no es un mero trámite administrativo, sino un procedimiento formal que podría derivar en procesos judiciales severos. “Esperamos que los denunciados comparezcan ante la Fiscalía para aclarar su participación. Incluso deberían empezar a ahorrar, porque podrían enfrentar sanciones que los lleven a Morros Blancos”, advirtió con firmeza.
La norma del 45% ha generado un intenso debate político y jurídico en la región, dividiendo opiniones entre quienes la respaldan como una medida de recaudación y quienes la califican como un acto ilegal que supera las atribuciones de la Asamblea Departamental. La querella del Chaco marca un precedente en la defensa de la autonomía regional frente a decisiones legislativas que se perciben como invasivas.