La Asociación de Municipalidades de Bolivia alerta que los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos caerán un 24,31 % en 2026, presionando las finanzas de los 335 municipios del país ante un nuevo techo presupuestario.

Un viento frío amenaza la economía local en Bolivia: los 335 municipios del país deberán afrontar en 2026 una caída abrupta en los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Según el análisis de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), esos fondos se habrían reducido a aproximadamente Bs 1.398,8 millones, lo que significa una merma de alrededor del 24,31 % en comparación al ejercicio previo.

El director ejecutivo de la AMB, Alfonso Lema, explicó que esta caída está estrechamente ligada al techo presupuestario fijado por el Estado para 2026, que estima ingresos totales de alrededor de Bs 10.549,5 millones para ese año. De ese monto, Bs 8.908,3 millones corresponderían a coparticipación tributaria, Bs 1.398,8 millones al IDH y Bs 242,5 millones a patentes forestales y regalías mineras.

El golpe resulta tanto más duro cuando se analizan los municipios de capitales y la ciudad de El Alto, los cuales tienen previsto un ‘techo’ presupuestario de Bs 4.988 millones para 2026: Bs 4.272 millones en coparticipación tributaria, Bs 667 millones en IDH y Bs 49 millones en recaudación propia.

La realidad detrás de los números es preocupante. Para el municipio de Santa Cruz, el monto asignado de IDH sería de Bs 121,5 millones, el más alto en caída absoluta. Otros municipios que registran pérdidas relevantes incluyen La Paz (Bs 65,48 millones), El Alto (Bs 76,68 millones), Cochabamba (Bs 62,16 millones) y Potosí (Bs 36,32 millones).

En este contexto, Lema considera que la propuesta gubernamental de aplicar una fórmula de distribución 50/50 entre el Estado central y los municipios resulta atractiva en el papel, pero duda de su materialización inmediata dado el escenario presupuestario vigente.

Para los alcaldes y equipos municipales, la reducción implicará decisiones difíciles: priorizar servicios esenciales, postergar obras, ajustar presupuestos y, en muchos casos, enfrentar la realización de promesas que ya no cuentan con los recursos previstos. El recorte no es solo una cuestión técnica, sino una problemática tangible que se trasladará a la vida cotidiana en calles, escuelas, centros de salud y espacios públicos.

La descentralización, uno de los pilares del desarrollo local en Bolivia, encuentra ahora un escollo mayúsculo: financiar obras sin recursos suficientes. Las municipalidades serán actores con menos margen de maniobra. Queda pendiente que el Ejecutivo, los gobiernos subnacionales y la sociedad acuerden una ruta que permita sostener la gobernabilidad local a pesar del ajuste anunciado.