La diputada asegura tener pruebas de que cumplió todos los requisitos y denuncia una campaña de desprestigio desde 2021.

La diputada nacional Luciana Campero denunció que su inhabilitación como candidata fue orquestada por el Órgano Electoral con criterios políticos y no técnicos. En conferencia de prensa, la legisladora acusó al TSE de violar sus derechos como ciudadana y de ignorar una sentencia constitucional que ampara su postulación sin necesidad de renunciar a su actual cargo.

Campero explicó que su exclusión se fundamenta en dos puntos: no haber presentado su declaración jurada y no haber renunciado a su cargo legislativo. Sin embargo, asegura que ambas acusaciones son falsas. La diputada sostiene que entregó la documentación requerida antes del plazo límite y que el personal del propio Tribunal le confirmó que estaba todo en regla.

Además, mencionó la existencia de una sentencia constitucional de 2019 que protege a las autoridades electas y les permite postular sin renunciar. “No puede ser que unos estén habilitados con las mismas condiciones y otros no. Eso es discriminación y arbitrariedad”, expresó.

A modo de prueba, mostró una copia de la declaración jurada entregada a su delegado el 17 de mayo, así como un certificado con código QR que valida su trámite ante el sistema del OEP. Señaló también que tiene evidencia de una campaña de persecución desde 2021, encabezada —según ella— por un vocal del Tribunal.

“No voy a permitir que destruyan mi carrera política con mentiras. Voy a defender mi derecho en todas las instancias”, dijo enfáticamente. Campero pidió transparencia al Órgano Electoral y solicitó una revisión imparcial de su caso, reiterando su compromiso con la participación democrática.