El Tribunal Supremo Electoral se trasladó a Santa Cruz para garantizar una cumbre de alto nivel que reafirme la fecha del 17 de agosto como inamovible. Las presiones del evismo se mantienen, pero el Órgano Electoral consolida el respaldo estatal e internacional.

La jornada del jueves marcó un momento determinante para el proceso electoral boliviano. Con el traslado de sus actividades a Santa Cruz, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) encabezó una Cumbre Multipartidaria e Interinstitucional destinada a salvaguardar las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Esta decisión se dio en un contexto tenso, tras amenazas de sabotaje y presiones de sectores vinculados al expresidente Evo Morales, que cuestionan las candidaturas oficiales.

Lejos de ceder ante el amedrentamiento, el TSE logró reunir en Fexpocruz a representantes del Ejecutivo, del Legislativo, del Órgano Judicial, de los gobiernos autónomos, así como a candidatos presidenciales y observadores internacionales. El resultado: un compromiso firmado de 12 puntos en defensa del proceso democrático y del calendario electoral.

“El país exige certeza. Nuestra misión es garantizar que el pueblo pueda votar libremente, sin miedo ni violencia”, declaró el vocal Tahuichi Quispe.

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El traslado a Santa Cruz: decisión estratégica

Inicialmente prevista en La Paz, la cumbre debió ser reubicada por motivos de seguridad. En días recientes, las instalaciones del TSE en la sede de gobierno sufrieron agresiones verbales y amenazas de parte de simpatizantes del ala radical del MAS, que exigen la restitución de Evo Morales como candidato presidencial.

Las tensiones llegaron a tal punto que el TSE consideró inviable la realización de la reunión en su sede central. La ciudad de Santa Cruz, pese a las diferencias políticas históricas con el poder central, se convirtió en un terreno neutral y seguro para el encuentro.

“Santa Cruz nos ofreció garantías para trabajar con tranquilidad. Era eso o arriesgarnos a una nueva escalada de violencia”, explicó la vocal Dina Chuquimia.

Un documento que compromete al Estado

El eje central del encuentro fue la firma de un acuerdo interinstitucional que establece doce compromisos concretos para preservar la ruta electoral. Este pacto involucra a todos los niveles del Estado y establece responsabilidades específicas.

Entre los compromisos asumidos destacan:

• Ratificación de la fecha del 17 de agosto para las elecciones generales.
• Provisión inmediata de recursos económicos al TSE.
• Aprobación urgente de una ley para viabilizar el voto en el extranjero.
• Protección a la independencia del Órgano Electoral.
• Rechazo a cualquier intento de boicot, con sanciones penales previstas.
• Transparencia en la administración del Padrón Electoral y el sistema TREP.

Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, subrayó que este pacto “no es solo simbólico”, sino un instrumento vinculante que será seguido de cerca por instancias nacionales e internacionales.

Presencia de todos los órganos del poder

El evento contó con la participación del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, quienes llegaron a Santa Cruz para expresar respaldo directo al Órgano Electoral. También participaron los presidentes del Senado y de Diputados, el fiscal general del Estado, y autoridades de justicia electoral departamental.

En su intervención, el exministro Eduardo Del Castillo afirmó que ya se activaron dispositivos de inteligencia para evitar que sectores radicales saboteen el proceso: “Tenemos identificados focos de intento de desestabilización en varias regiones. No vamos a tolerar actos que pongan en riesgo la democracia”.

Diversidad de voces, coincidencia en el fondo

Uno de los elementos más llamativos del evento fue la pluralidad de los participantes. Desde figuras cercanas al oficialismo hasta opositores tradicionales, todos coincidieron en la necesidad de preservar la institucionalidad electoral.

Eva Copa, alcaldesa de El Alto y actual candidata presidencial por el frente Morena, ofreció un discurso enfático en defensa del voto. “No vamos a permitir que unos cuantos quieran secuestrar la democracia por ambiciones personales. El pueblo necesita certezas”, dijo, en clara alusión a Evo Morales, aunque sin nombrarlo.

Por su parte, Jorge Tuto Quiroga denunció el impacto económico de los bloqueos y alertó sobre el riesgo de repetir crisis pasadas. “Ya hemos vivido esta película. Si permitimos que se imponga la violencia, abrimos la puerta al caos”, afirmó.

Samuel Doria Medina, empresario y excandidato presidencial, pidió a la Asamblea Legislativa que no dilate más la aprobación de la ley que habilite el voto de bolivianos en el exterior. “Es una obligación con nuestros compatriotas que viven fuera del país”, remarcó.

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Observadores internacionales: garantía adicional

Delegaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Naciones Unidas y el Centro Carter participaron como observadores del evento. Su presencia fue interpretada como una señal de respaldo al proceso boliviano y como advertencia implícita frente a eventuales intentos de sabotaje.

Uno de los delegados internacionales señaló que “el compromiso institucional asumido en esta cumbre es un paso firme hacia unas elecciones confiables, en un contexto complejo pero superable”.

El TSE anunció que extenderá invitaciones formales a estos organismos para que participen como observadores oficiales en los comicios de agosto, lo que reforzará la legitimidad del proceso.

La amenaza del evismo persiste

A pesar de los avances logrados, el panorama electoral sigue bajo amenaza. Sectores afines a Evo Morales han anticipado que no aceptarán los resultados si su líder no figura en la papeleta presidencial. Aunque el TSE evitó referirse al tema de forma directa, dejó claro que su postura se mantendrá firme.

“Los fallos están dictados y las candidaturas habilitadas. No habrá retrocesos ni presiones que modifiquen esa realidad”, aseguró una fuente del Órgano Electoral.

Desde el entorno de Morales no se descartan nuevos bloqueos o medidas de presión, especialmente en zonas rurales del occidente del país. El TSE confía en que el compromiso de las instituciones y la presencia internacional disuadirán cualquier intento de boicot.