La movilización fue interpretada como una estrategia para forzar renuncias y habilitar indebidamente candidaturas.

Desde el Ejecutivo se envió una denuncia internacional por la violencia registrada en Llallagua. El conflicto, liderado por sectores afines a Evo Morales, buscaba impedir las elecciones del 17 de agosto. Las autoridades denunciaron ataques con dinamita, armas de fuego y confrontaciones con pobladores que intentaban desbloquear rutas, lo que generó al menos 30 heridos, incluyendo 15 hospitalizados.

El comunicado oficial caracterizó los actos como “vandálicos y antidemocráticos”, afirmando que vulneran el derecho a la paz y a la participación ciudadana. La movilización fue interpretada como una estrategia para forzar renuncias y habilitar indebidamente candidaturas, en un contexto de tensión política que amenaza los comicios.