A su criterio, el uso de militares en situaciones de orden interno no debe ser una respuesta automática a la presión política o a la violencia.

En medio del clima de tensión que vive el país tras los recientes enfrentamientos, el abogado Nelson Cox instó al Defensor del Pueblo a cumplir su función constitucional y oponerse activamente a cualquier intento de militarización sin base legal. “El Defensor del Pueblo debería obstaculizar que se militarice, debería parar la militarización”, sostuvo.

Cox indicó que el despliegue de fuerzas militares solo puede producirse si hay una ley que lo autorice explícitamente, y que no es facultad del Ejecutivo ordenar ese tipo de operaciones por cuenta propia. Denunció que una eventual intervención militar en las regiones en conflicto podría violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente si no se cumplen los procedimientos legales establecidos.

A su criterio, el uso de militares en situaciones de orden interno no debe ser una respuesta automática a la presión política o a la violencia. “Debemos actuar con prudencia, no con impulsos que podrían agravar la crisis institucional y social que atravesamos”, advirtió.